Rafael Quispe, de la CAOI: Acción directa en defensa de los territorios

25/07/2012.

Tata Rafael Quispe Flores fue elegido coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que reúne a organizaciones indígenas de seis países de América latina. Obtuvo el cargo pese a la oposición dura del gobierno de Evo Morales, el cual mandó al Congreso de la CAOI, realizado en Colombia, a un grupo de operadores contra el exmallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). En los próximos días, el líder aymara ingresará al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) junto a otros indígenas para resistir a la “consulta” que el Gobierno iniciaría este domingo con el objetivo de construir una carretera a través de la selva, la cual favorecería negocios de empresas petroleras, otras transnacionales y cocaleros.

La agenda de trabajo de la CAOI en la presente gestión (hasta 2014) se establecerá el mes que viene en Lima, Perú. Hasta entonces, el tata Rafael recibirá el mandato del CONAMAQ según el cual deberá desempeñarse en sus funciones durante los próximos dos años.

“Hay líneas que trabajar. Una es interna, en las comunidades, en los ayllus, en las markas y es la defensa de los territorios con acciones directas. Territorios como el Cauca, en Colombia; Cajamarca, con el proyecto Conga, en Perú; el TIPNIS y Mallku Kota, aquí en Bolivia; Bagua en Ecuador. Vemos que es importante eso. En el último Congreso de la CAOI salió el mandato de unificar la lucha a nivel internacional. Los supuestos gobiernos ‘progresistas’ de la región son los que más vulneran los derechos, entonces debemos articular para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, a niveles de las Naciones Unidas. Es el reto que tenemos: la articulación. Y ahora con más países, porque en la CAOI ya no somos solo cuatro países (Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador), ahora somos seis países, con la inclusión de Argentina y de Chile como miembros plenos de la CAOI, según lo definido en este reciente Congreso. Sobre esta base debemos planificar”, dijo Quispe.

El gobierno de Evo Morales se caracterizar por dividir a las organizaciones sociales del país, con la finalidad de deshacerse de quienes critican al enorme negocio llamado “Proceso de Cambio” que él lidera, y así manejar a las dirigencias como le plazca. Lo hace con la Central Obrera Boliviana (COB), lo hace con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y lo hace con el CONAMAQ, además de otras decenas de organizaciones que siempre habían sido independientes, con historias dignas, ahora manejadas al antojo del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Como está bien ejercitado en dividir organizaciones nacionales, el gobierno del MAS ahora apunta a dividir organizaciones indígenas en el ámbito internacional. Así se pudo apreciar en el último Congreso de la CAOI, hecho en Bogotá del 15 al 17 de julio pasados. “El Evo ha mandado al Congreso de la CAOI en Colombia a cinco exautoridades del CONAMAQ disidentes. Allí también estaba el Embajador de Bolivia en Colombia, que ha estado ahí monitoreando. Estaba el señor José Félix, expresidente del Foro Indígena, Mateo Martínez, otro operador del Gobierno. Tenían instrucciones de que yo no tenga ninguna cartera, porque no quieren que se haga la incidencia como nosotros queremos”, dijo el nuevo representante de la CAOI.

“Sabemos que el viernes pasado, por la mañana, el presidente Evo Morales en el Palacio Quemado ha cuestionado al canciller (David) Choquehuanca, al ministro (de la Presidencia, Juan Ramón) Quintana y al ministro (de Gobierno, Carlos) Romero, por haberme dejado asumir el cargo en la CAOI. Es información confidencial que tenemos de adentro del Gobierno”, comentó tata Rafael.

¿Por qué tanta operación de un Gobierno -que se dice indígena- para evitar que un aymara asuma un cargo en una organización internacional? “El presidente le tiene miedo al CONAMAQ desde el año pasado, desde la Octava Marcha Indígena y ahora, con la Novena Marcha. Hasta ahora ni siquiera he entrado al TIPNIS, pero el Gobierno ya está hablando de que mi ingreso al TIPNIS sería muy peligroso, podrían pasar muchas cosas”, dijo Rafael, quien no toma en serio estas advertencias: “El que amenaza no hace nada, es pura boca nomás. Perro que ladra no muerde…”, citó el aymara.

La plataforma de demandas de la Novena Marcha, que nunca fue atendida por el gobierno de Morales, incluía un punto que fue malinterpretado por sindicatos mineros cercanos al MAS, quienes leyeron que los indígenas no quieren en absoluto explotación minera. Lo que verdaderamente piden los originarios es la expulsión de las empresas transnacionales de sus territorios y que la explotación minera se realice de acuerdo con los métodos propuestos por los pueblos indígenas, que extraían metales de las montañas desde mucho antes del año 1492.

“Lo que proponemos es que los recursos naturales sean para los bolivianos y bolivianas. Pedimos que la explotación de los recursos naturales o bondades de la Madre Tierra se haga en coordinación con el Estado y los pueblos indígenas, pero respetando a la Madre Tierra. Respetar a la Madre Tierra quiere decir no a la minería a cielo abierto, sino realizar la explotación minera con otros mecanismos usados antes de la colonia o en la colonia, que hacen menos daño a la Madre Tierra. Sabemos que las empresas transnacionales saquean los recursos naturales, no dejan nada, además que la minería a cielo abierto es muerte. Por eso decimos: no a las transnacionales, no a la minería abierta. Queremos otra forma de explotación minera, realizada junto a los pueblos indígenas”, dijo el líder de la CAOI.

En Bogotá se designaron los coordinadores para las ocho carteras de la CAOI. Fue elegido Gerardo Jumí Tapia, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como Coordinador General de la CAOI. Como SubcoordinadorGeneral fue nombrado Benito Calixto Guzmán, de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). Y tata Rafael Quispe, del CONAMAQ, es el nuevoCoordinador de Fortalecimiento e Integración Política de los Pueblos.

(Equipo de Comunicación Indígena Originaria)

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27/07/2012 (Equipo de Comunicación Indígena Originaria).- El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se reunió en Cochabamba para evaluar los proyectos de ley que se alistan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las propuestas de normativas de Agua, Minería, Consulta y Madre Tierra fueron analizadas por representantes de los 16 suyus de la organización, quienes evidenciaron que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) no toma en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas al momento de elaborar leyes que les afectan. Exigen al presidente Evo Morales que su partido consensue con los indígenas estos textos a aprobarse en la ALP. Y que expulse a las empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de Bolivia.

“Los recursos naturales que existen en nuestro territorio deben quedar para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros deberíamos sentarnos a dialogar con los mineros de Bolivia, para que sean nacionalizadas las minas y sean administradas sin contaminar a nuestros territorios. Queremos que se vayan las transnacionales, por eso luchamos los pueblos indígenas. Tiene que haber una verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales, para que los administremos junto al Estado; y no dejárselos a las transnacionales, sean las que se dedican a la minería, al petróleo o a construir carreteras”, dijo Félix Becerra, jiliri apu mallku del CONAMAQ.

Según esta organización indígena, las propuestas de ley hechas por el MAS se dirigen hacia la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal, en vigor en casi todos los países del mundo. Incluso la propuesta de ley de Minería preparada por el oficialismo favorece los negocios del capitalismo aun más que la ley 1777, todavía en vigencia, elaborada en 1997, durante el primer mandato del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Hemos analizado profundamente qué se trabaja en los poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a las leyes que deben complementar a la Constitución. Creemos que los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución, en convenciones y declaraciones internacionales deben ser incluidos en todas las leyes o decretos”, comentó el tata Jiliri.

“Cuando leíamos las propuestas de ley de la Madre Tierra, o la ley de Agua o la ley de Minería, veíamos que ninguno de sus artículos toman en cuenta a los pueblos indígenas. A estas propuestas de ley les falta integrar los derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias. Sin embargo, en el Órgano Ejecutivo nos dicen que mañana o pasado pueden hacer aprobar estas leyes en la Asamblea. Pero nosotros dijimos que CONAMAQ no va a permitir que se aprueben estas leyes mañana o pasado. Acabamos de emitir una resolución y un pronunciamiento en el que exigimos al Gobierno que establezca consensos con los pueblos indígenas de Bolivia”, agregó Becerra.

La propuesta de ley de la Madre Tierra, elaborada por el Gobierno y las organizaciones indígenas campesinas dos años atrás, fue ahora modificada sustancialmente en manos de algunos operadores del MAS. “El Gobierno nacional ya puso en el Parlamento la ley de Madre Tierra, pero con un título diferente al que hemos puesto en CONAMAQ cuando la presentamos –dijo tata Froilán Puma, arquiri apu mallku de esta organización-. Ahora, la ley de la Madre Tierra viene con un aditamento que nos sorprende leer: dice ‘y de Desarrollo Integral’. En CONAMAQ nos ha sorprendido que modifique este proyecto de la noche a la mañana. La propuesta anterior ha sido trabajada con las cinco organizaciones de lo que fuera el Pacto de Unidad”, que estaba integrado por CONAMAQ, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia). Estas tres organizaciones son llamadas popularmente “las trillizas”, porque en bloque obedecen a todas las disposiciones del presidente Morales. Por mandato del MAS rompieron relaciones con la CIDOB y el CONAMAQ, porque estas últimas critican a muchas políticas neoliberales ideadas y ejecutadas por el Gobierno nacional.

“Ahora aparece otra ley muy contradictoria con el proyecto anterior que hemos presentado. En CONAMAQ hemos tomado la decisión de no permitir al Parlamento ni al Presidente aprobar ni poner en vigencia la ley de la Madre Tierra modificada por el MAS. De la ley de la Madre Tierra anterior, elaborada por nosotros y el Gobierno, dependen todas las otras leyes. Para nosotros, la ley de la Madre Tierra es la segunda Constitución. De esta ley van a depender las leyes de Minería, de Agua, de recursos naturales”, indicó tata Froilán.

En el CONAMAQ confían en que pueden presionar al Presidente para que finalmente respete los derechos de los pueblos indígenas. Consideran un triunfo el desenlace del conflicto de Mallku Kota, en el norte de Potosí, donde las bases de esta organización lograron expulsar a la transnacional minera Southamerican Silver. No obstante, en Cochabamba denunciaron que el Gobierno nacional continúa con la persecución a los comunarios que estuvieron involucrados en esta protesta.

“Estamos enviando a manos del Presidente los pronunciamientos que hemos sacado como CONAMAQ. Él los leerá y debería extender los plazos de aprobación de estas leyes para llegar a consensos con los pueblos indígenas. Si no lo hace, comenzaremos estrategias de movilización con otros sectores, en su momento”, dijo el Jiliri Apu Mallku.

*La propuesta de ley de Madre Tierra consensuada entre las organizaciones indígenas campesinas y la ALP en febrero de 2011 se encuentra en: http://www.cambioclimatico.org.bo/derechosmt/052011/AnteproyectoMT%20220211.pdf

(Equipo de Comunicación Indígena Originaria)

Conamaq denuncia a Evo ante la ONU por dividir al movimiento indígena

http://www.somossur.net/index.php/bolivia/politica/seguimiento-al-nuevo-estado-plurinacional/924-conamaq-denuncia-a-evo-ante-la-onu-por-dividir-al-movimiento-indigena

Conamaq denuncia a Evo ante la ONU por dividir al movimiento indígena

En un informe presentado al Foro Permanente de la Naciones Unidas, la CONAMAQ denuncia que el gobierno boliviano esta vulnerando los derechos de los pueblos indígenas al no consultarles sobre proyectos de infraestructura y extractivos en sus territorios (posterior y de mala fé en el caso del TIPNIS) y esta promoviendo la división del movimiento indígena.

A continuación les presentamos el documento que fue presentado por el CONAMAQ al Foro Permanente de las Naciones Unidas:

ERBOL, 10 de mayo de 2012

En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros Instrumentos Internacionales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos, considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE.

Queremos manifestar ante la Organización de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado:

1. Las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria deben confrontar grandes dificultades de carácter normativo y financiero.

2. Los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales indígenas, han sido elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.

3. La elección de altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, ha seguido la misma lógica monocultural. El conjunto de candidatos autoidentificados como indígena originario campesinos, ha sido sometido a un proceso de preselección, selección y elección bajo criterios de democracia representativa. Se han ignorado las normas y prácticas de democracia comunitaria con las que deberían constituirse esas representaciones.

4. La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure). La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en la presente gestión 2012 “insta al Gobierno a garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y adoptar una legislación correspondiente”, la cual incumplida por el Gobierno de Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de mala fe y sin consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No. 222 de supuesta consulta en Bolivia.

Esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para los PINOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí que hoy exige al gobierno la aplicación de la ley de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosi, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa. Por todo esto quiero manifestar ante esta instancia internacional que para evitar estas conflictividades, el CONAMAQ en junio de 2009 propuso una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy, sin tratamiento alguno.

5. No podemos dejar de lado en referirme a la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones.

Para finalizar quiero señalar, que el Gobierno Boliviano desde la gestión 2009, viene recortándonos a los PINos más del 50% de los Recursos económicos de los Impuestos Directos a los hidrocarburos (IDH) hasta la presente gestión, cuyos suma ascienden en estos cuatro años, aproximadamente a mas de 720 millones de bolivianos, es decir más de 103 millones de dólares, que tanta falta nos hace para apoyar a nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales.

Termino con esto, el Gobierno Nacional de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales. La represión policial de Chaparina del 25 de septiembre del pasado año ha sido forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores - Cocaleros.

Nuestra movilización en la Novena Marcha que inicio la semana pasada está motivada en la defensa de la madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los instrumentos internacionales, como respuesta a la vulneración de nuestros derechos por el Gobierno Nacional.

Pedimos a la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, a que esta instancia, que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que se activen todos los mecanismos de prevención, protección y sanción en el marco de los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia cese toda acción de hostilidad y restricción contra los pueblos indígenas originarias y que en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra constitución política del estado y de las obligaciones contraídas por el estado boliviano, respete nuestros derechos actualmente vulnerados y otorgue todas las garantías para su efectiva realización.