Conamaq denuncia a Evo ante la ONU por dividir al movimiento indígena

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Conamaq denuncia a Evo ante la ONU por dividir al movimiento indígena

En un informe presentado al Foro Permanente de la Naciones Unidas, la CONAMAQ denuncia que el gobierno boliviano esta vulnerando los derechos de los pueblos indígenas al no consultarles sobre proyectos de infraestructura y extractivos en sus territorios (posterior y de mala fé en el caso del TIPNIS) y esta promoviendo la división del movimiento indígena.

A continuación les presentamos el documento que fue presentado por el CONAMAQ al Foro Permanente de las Naciones Unidas:

ERBOL, 10 de mayo de 2012

En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros Instrumentos Internacionales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos, considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE.

Queremos manifestar ante la Organización de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado:

1. Las once autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria deben confrontar grandes dificultades de carácter normativo y financiero.

2. Los diputados indígenas que representan a circunscripciones especiales indígenas, han sido elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.

3. La elección de altas autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, ha seguido la misma lógica monocultural. El conjunto de candidatos autoidentificados como indígena originario campesinos, ha sido sometido a un proceso de preselección, selección y elección bajo criterios de democracia representativa. Se han ignorado las normas y prácticas de democracia comunitaria con las que deberían constituirse esas representaciones.

4. La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure). La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en la presente gestión 2012 “insta al Gobierno a garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y adoptar una legislación correspondiente”, la cual incumplida por el Gobierno de Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de mala fe y sin consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No. 222 de supuesta consulta en Bolivia.

Esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para los PINOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí que hoy exige al gobierno la aplicación de la ley de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosi, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa. Por todo esto quiero manifestar ante esta instancia internacional que para evitar estas conflictividades, el CONAMAQ en junio de 2009 propuso una Ley Marco de Consulta Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en cuenta hasta el día de hoy, sin tratamiento alguno.

5. No podemos dejar de lado en referirme a la Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones.

Para finalizar quiero señalar, que el Gobierno Boliviano desde la gestión 2009, viene recortándonos a los PINos más del 50% de los Recursos económicos de los Impuestos Directos a los hidrocarburos (IDH) hasta la presente gestión, cuyos suma ascienden en estos cuatro años, aproximadamente a mas de 720 millones de bolivianos, es decir más de 103 millones de dólares, que tanta falta nos hace para apoyar a nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales.

Termino con esto, el Gobierno Nacional de Bolivia hoy se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales. La represión policial de Chaparina del 25 de septiembre del pasado año ha sido forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores - Cocaleros.

Nuestra movilización en la Novena Marcha que inicio la semana pasada está motivada en la defensa de la madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros territorios, en el marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los instrumentos internacionales, como respuesta a la vulneración de nuestros derechos por el Gobierno Nacional.

Pedimos a la Organización de las Naciones Unidas. Señor presidente, a que esta instancia, que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que se activen todos los mecanismos de prevención, protección y sanción en el marco de los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia cese toda acción de hostilidad y restricción contra los pueblos indígenas originarias y que en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra constitución política del estado y de las obligaciones contraídas por el estado boliviano, respete nuestros derechos actualmente vulnerados y otorgue todas las garantías para su efectiva realización.