El estado va por el Tipnis, por Cecilia Requena

Poco después de la cuestionada elección de un gobernador del MAS en Beni, el presidente Morales anunció la reanudación de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos, atravesando el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como si ese hecho político hubiese sido el requisito faltante para "legalizar” las violaciones a la Constitución y a las leyes cometidas en el proceso previo reiteradamente impugnado a través de dos Marchas Indígena y de la movilización ciudadana.

Evo Morales reiteró su amenaza de que "acepten o no acepten” la carretera se construirá, mientras el Vicepresidente validaba la "consulta previa” que él mismo había reconocido en foros internacionales como insuficiente o fallida, y el director de Ademaf revelaba que una fuerza militar boliviano-venezolana se hará cargo de la construcción de la carretera. La maquinaria estatal está movilizada para reanudar esta obra que destruiría progresivamente, desde las entrañas, el frágil ecosistema del TIPNIS.

Puesto que siguen plenamente vigentes los problemas de fondo que motivaron la resistencia a la construcción de esta carretera en los términos definidos por el Gobierno, es útil hacer un recuento de irregularidades, aunque resulte inevitablemente incompleto por razones de espacio.

Una arbitrariedad con graves consecuencias

Es grave que el gobierno de Evo Morales se niegue a considerar seriamente alternativas presentadas por colegios profesionales y entidades especializadas al trazo predefinido. De acuerdo con la poca información pública disponible, el trazo oficial no se sustenta en los estudios técnicos básicos que el Estado está en la obligación de desarrollar a fin de garantizar decisiones de inversión pública responsables y sostenibles (costo/beneficio y evaluación de impacto ambiental, entre otros). Esto es así a pesar de tratarse de un proyecto de gran envergadura que afectaría las zonas más frágiles y críticas de un área protegida.

Tampoco hubo proceso alguno de licitación. Lo que sí hubo y hay son actos, como mínimo, improvisados. Tal es el caso de la opaca determinación del precio en el contrato con la OAS, que fuera denunciado en su momento por sospecha de sobreprecio y que está siendo investigado actualmente en Brasil. Ante las iniciales protestas contra la construcción de la carretera, así como contra un fallido primer intento de "consulta” a los pueblos indígenas, el contrato con OAS fue anulado unilateralmente. Para la realización de ese primer intento de "consulta” el Gobierno delegó la responsabilidad en la propia empresa constructora. Además, lo hizo tras haber firmado el contrato, con lo que se imposibilitaba el cumplimiento de una de las condiciones indispensables para la validez de este tipo de procesos: la consulta debe ser previa además de informada y de buena fe. El anuncio de Ademaf, entidad sin experiencia en la construcción de carreteras, se da en las mismas condiciones, sin estudios previos que sustenten las decisiones, sin licitación, sin estudio de impacto ambiental y sin consulta apropiada.

El trazo elegido por el gobierno de Evo Morales facilitaría la expansión de los cultivos de coca excedentaria del Polígono 7 (y la fabricación de sus derivados). Corresponde también recordar que este gran asentamiento cocalero constituyó, en su momento, un avasallamiento doblemente ilegal del TIPNIS que terminó siendo validado en 1990 gracias a un acuerdo entre indígenas y cocaleros. Así se consolidó la pérdida de unas 120.000 hectáreas de un área protegida que es patrimonio de toda la ciudadanía. Así se selló la progresiva desaparición de comunidades indígenas del lugar. Como parte del mencionado acuerdo se estableció una línea roja que ha ido sucumbiendo ante la presión por más tierras ejercida desde la Confederación del Trópico Cochabambino, organización de la que Evo Morales fue y sigue siendo máximo dirigente.

El Polígono 7 es actualmente una zona ampliamente deforestada y parcelada en propiedades individuales dedicadas principalmente al cultivo de coca excedentaria (no apta para el acullicu). Es una clara muestra y advertencia de lo que le espera a gran parte de área "protegida” si es que se optara por el trazo anunciado, tal como estableció un estudio publicado en 2011 por el PIEB, según el cual en 18 años el 64% de la cobertura boscosa del Parque desaparecería.

La consulta

Fue evidente el descrédito público del proceso de "consulta posterior”, o "póstuma”, como se la denominó popularmente. Contraviniendo normas, principios y recomendaciones de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue impuesta en contra de la posición de la dirigencia indígena del TIPNIS. Había sido incluida como parte de los acuerdos alcanzados con los cocaleros (Ley 222), tras la llegada de su Contramarcha, realizada con el fin de anular la aplicación de los acuerdos logrados por la Octava Marcha (Ley 180). En este contexto, la consulta fue ampliamente percibida como una maniobra para tratar de validar un particular trazo de la carretera tergiversando deliberadamente el término intangibilidad (incluido en la Ley 180), entre otras maniobras.

La Novena Marcha no logró revertir la nueva situación generada por una "consulta” que según los datos oficiales (validados por el TSE que acaba de ser forzado a renunciar) dio luz verde a la carretera por el corazón del TIPNIS. La evaluación del proceso de consulta conducida poco después por la Federación Internacional de Derechos Humanos y por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia obtuvo resultados muy distintos: 91% de las comunidades visitadas habrían rechazado la carretera o habrían condicionado su aceptación a estudios de impacto ambiental, entre otros. Pero el citado informe no impide que, ahora, el Gobierno intente legitimar la construcción de la vía dando por válida su polémica consulta.

La actual imposibilidad de los pueblos indígenas de tierras bajas para hacer respetar sus derechos, situación que se extiende a la ciudadanía no afiliada a mecanismos efectivos de presión social en defensa de intereses colectivos, convierte al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en una de las pocas alternativas aún disponibles, a pesar de todas las dificultades implicadas, incluyendo la reciente elección de nuevos miembros que acaba de incluir a la exparlamentaria del MAS, Sandra Soriano, como miembro de la CIDH. Es, con todo, la meta de acciones legales, como las "Acciones Populares” presentadas por organizaciones indígenas y ciudadanos/as a propósito de este conflicto. En su momento, éstas fueron rechazadas por la justicia estatal, con el argumento de que se había anulado el proyecto de construcción de la carretera. Las distintas acciones continuarán en este contexto de gran indefensión.

Cecilia Requena, ambientalista

Domingo 21 junio

Fuente : http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/6/21/estado-tipnis-60499.html