Indígenas perseguidos en Bolivia por resistirse a la construcción de una ruta en su territorio, por Renata Albuquerque de Moraes

INDÍGENAS SON PERSEGUIDOS EN BOLIVIA POR RESISTIRSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA EN SU TERRITORIO
Fuente Racismo Ambiental

Por Renata Albuquerque de Moraes*

Indígenas del TIPNIS resisten a la presencia del gobierno en la en la comunidad en Sécure y son procesados por robo calificado en Trinidad.

La noche del 19 de mayo de 2015 recibi la notícia de que tres indígenas del pueblo yuracaré, residentes en la comunidad de Nueva Lacea del rio Sécure, están siendo procesados por robo calificado por la Procuradoria Municipal de Trinidad, la capital del departamento de Beni – localizado en las tierras bajas de Bolivia. La comunidad es una de las sesenta y cuatro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, el TIPNIS, escnario de los principales conflictos políticos en los últimos años del gobierno de Evo Morales. En mi último viaje al TIPNIS fui recibida con mucho cariño en la comunidad de Lacea, donde estuve por cerca de un mes. Alli tuve la oportunidad de conversar con los comuneros sobre sus estratégias de resistencia a los planes gobernamentales de construcción de una ruta a través del TIPNIS, y entre los tantos asuntos siempre aparece el tema de los decomisos y de otras estrategias de aplicación de su justicia comunitaria.

Lo que pasa que en la Bolivia Plurinacional, la Bolivia del Buen Vivir, deberia garantizar la autonomia política y jurídica a las comunidades y territorios indígenas, escenario que está lejos de ser realizado. Frente a las injusticias recurrentes y a través de sus estructuras políticas orgánicas, las comunidades deciden por lo que consideran como solución y terminan tenienddo que enfrentar en la justicia ordinaria los costos da su aplicación: en 2013 acompañé otro caso de indígenas procesados en Trinidad por aplicar su justicia comunitaria, a pesar de ese derecho estar contenido en la nueva Constituición del país (aprobada en 2009). Hay, sobre todo, un problema de jurisdicción, ya que esos casos deberían ser procesados en la justicia indígena y no en la ordinaria.

Los decomisos son estrategias de retomada del control sobre el territorio, son confiscaciones de objetos diversos que tienen el fin de controlar el acceso al TIPNIS. Desde que los conflictos en la región se intensificaron frente a la polêmica sobre la construcción de una ruta a través del territorio el acceso a la región se tornó un asunto especialmente importante. Se tienen noticias de otros barcos que fueron decomisados por entrar por los rios Isiboro y Sécure sin el permiso de las Subcentrales de la región. En 2013, por ejemplo, el motor de un barco que rondaba un campamento (notoriamente intentando obtener información políticas en un momento crítico de disputas) fue confiscado por decisión unánime de los indígenas reunidos. La práctica es recurrente y puede ser justificada de diferentes maneras: se decomisan los motores de los barcos que no son bienvenindos; maderas extraídas ilegalmente; materiales utilizados en prácticas de soborno. La práctica movilizada en defensa de la autonomia de las comunidades sobre su territorio amenazado.

En abril de este año, con la proximidad de las elecciones para gobernadores, los comuneros de Nueva Lacea confiscaron el motor de un barco de una diputada indígena electa por el MAS, el partido de Evo Morales. La diputada Ramona Moye se aproximó a la comunidad de Lacea sin permiso, incluso siendo reconocida la oposición de aquella pequeña comunidad al gobierno de Morales. Ella hacía campaña para el ahora gobernador electo Alex Ferrier, también partidario del Movimiento al Socialismo del presidente. Frente a tantas hostilidades entre el gobierno y las comunidades que resisten a la construcción de la ruta en el territorio las relaciones entre gobernistas y opositores están profundamente desgastadas desde hace años, situación que se manifiesta de maneira más o menos tensa en cualquier encuentro entre los diferentes segmentos políticos. De acuerdo con lo que fue relatado el cabildo de la comunidad quedó como responsable por el motor confiscado y decidió devolvérselo a sus dueños luego del decomiso. Aún así, y no ocasionalmente después de la elección del gobernador MASista, la diputada decidió darle continuidad al proceso y acusar a tres indígenas de la comunidad (uno de ellos menor de edad) a través de la Promotoria Municipal de Trinidad.

Dos aspectos de este episodio son especialmente perturbadores e igualmente graves. El primero e la desconsideración del carácter comunal de la decisión del cabildo, que implicó en la orden de prisión dirigida a tres indígenas. Aunque ellos hayan protagonizado cualquier acción en el momento de la confiscación, respondian a la deliberación de sus autoridades locales y no deberiam ser individualmente responsabilizados por una disputa política mayor que ellos. Vale dicer que Ermínio y Timoteo, dos de los acusados, ya sufreron persecuciones de otros órdenes y son amenazados de muerte en algunas regiones del parque. Su actividad política los pone en riesgo para su vida y para sus familias, situación inadmisible en cualquier país, pero especialmente en un Estado recientemente refundado como Plurinacional.

El otro aspecto perturbador es la alquimia jurídica que involucra al caso, capaz de haber transformado una disputa política que deberia ser resuelta frente a la justicia indígena en un crimen registrado en la justicia ordinaria. A través de las lentes plurinacionales, el episodio no deberia ser encuadrado como robo, habiendo espacio en la justicia indígena para que el conflicto de perspectivas sea analizado y solucionado. Cuando se presentaron ante la fiscal Lubia Peralta en la tarde de ayer (20/05/15) ese argumento fue movilizado y los indígenas reivindicaron que se acepte que el episodio sea resuelto por la justicia comunitaria. Esa será la gran disputa que involucrará a la situación.

Cuando representantes del movimiento indígena accionan a la justicia ordinaria para resolver un conflicto propio del territorio dan pruebas que privilegian el mantenimiento de una supuesta estabilidad política de Morales disminuyendo el fortalecimiento de los avances que los pueblos indígenas bolivianos arrancaron del Estado en las últimas décadas. En el límite esos segmentos indígenas gobernistas debilitan el proceso de cambio que reivindican, descaracterizando el significado profundo de la plurinacionalización, tal como ella aparecia en 2009 y después en 2010.

Ya no nos sirven los discursos heroicos emocionados de Evo Morales. Bolivia, a pesar de algunos avances institucionales y constitucionales importantes, sigue siendo escenario de persecuciones políticas graves y de prácticas de atropello sistemático a los derechos indígenas. El gobierno de Evo Morales no responde a los intereses de gran parte del movimiento indígena de su país y de manera recurrente moviliza episodios polémicos como la via de criminalización individual de líderes y de comuneros indígenas. La criminalización que quiere pasar como aleatoria es la otra cara de la persecución política de aquellos que resisten a los avances desarrollistas en el país del Buen Vivir.

*Renata Albuquerque de Moraes es Antropóloga y doctoranda (PPGAS/UnB).